Ante Educación para la Ciudadanía
MADRID, viernes, 28 septiembre 2007 (ZENIT.org-Veritas).- El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, pronunció este jueves en el Foro Juan Pablo II de Madrid, una conferencia titulada «Educación para la Ciudadanía. Reflexiones para la valoración jurídica y ética», durante la cual ofreció un matiz respecto a la postura de los centros católicos ante la asignatura.
En primer lugar mostró el «deber de los católicos titulares de centros educativos propios para apoyar a los padres en la defensa de un derecho constitucional», pero el arzobispo afirmó además que aunque el ideario de los centros pueda subsanar el componente ideológico de la asignatura de Educación para la Ciudadanía es necesario que la «solidaridad se imponga, que el mandamiento de la caridad se imponga».
«Los titulares de los colegios con ideario católico tienen que tener en cuenta la calificación jurídica y ética de esta asignatura, que implica, a juicio de la Conferencia Episcopal Española, una infracción o no respeto de derechos fundamentales de la persona y el juicio de inconstitucionalidad»; incluso ante «la posibilidad práctica de que la asignatura sea compatible con el ideario suyo, hay un deber de solidaridad de los colegios con ideario con los demás».
Durante su intervención, el cardenal instó a los padres a responder a la nueva asignatura con «todos los procedimientos legales legítimos» y dijo que al ejercitar la objeción de conciencia, «se realiza un enorme servicio al bien común». En este sentido, subrayó que la objeción de conciencia «precisamente donde tiene cabida es en un Estado democrático».
El cardenal abogó por recurrir a la objeción de conciencia por parte de los padres de familia y por los titulares de los centros con ideario propios.
«Educación para la Ciudadanía es incompatible con la Constitución», expresó el arzobispo de Madrid, recordando que el artículo 27.3 afirma que «el titular del derecho a al educación moral de los hijos son los padres».
Para reaccionar responsablemente a la asignatura, el cardenal propuso diversas alternativas: «se podría obtener otra asignatura, calificarse de opcional o convertir el programa en verdadera educación cívica y no doctrinal» y si no se consigue, instar a recursos administrativos y contencioso-administrativos.
«El gobierno tiene que entrar en la educación subsidiariamente», afirmó el cardenal, que denunció el intento de imponer una doctrina sobre el hombre y sobre su moral que prescinde de Dios que es incompatible con la fe cristiana y recordó una vez más que «el derecho de los padres es anterior al Estado».
El prelado explicó la competencia de la Iglesia para orientar a los fieles ante lo que esta asignatura supone, ya que la Iglesia «debe poder predicar la fe con verdadera libertad y ejercer un juicio moral sobre aspectos que afectan al orden político aplicando los medios conforme al Evangelio y por el bien de todos».
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